CANASTA LOCAL ALIMENTARIA DE VALOR ESTRATÉGICO: CLAVE para la seguridad alimentaria y resistencia al cambio climático
La CANASTA CLAVE es un instrumento desarrollado por Alternativa que reúne a un conjunto de alimentos considerados estratégicos a partir de una metodología participativa que permite evaluarlos de acuerdo a indicadores que permiten señalar su capacidad para resistir el cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria.
El objetivo de la CANASTA CLAVE es que contribuya a la construcción de políticas locales y regionales de seguridad alimentaria tanto para contextos rurales como urbanos.
1. Breve historia
Para Alternativa Centro de Investigación Social y Educación Popular el diseño de canastas de alimentos ha estado muy vinculado tanto a la experiencia institucional en nutrición, salud y seguridad alimentaria, como a su misión de fortalecer el rol de las organizaciones sociales en la vigilancia y construcción de políticas públicas.
En este sentido la formulación de canastas también respondió a momentos críticos; por ejemplo, hacia 1989 una primera propuesta metodológica para la elaboración de una Canasta de Alimentos en un contexto de constante inflación en el país tuvo como finalidad medir las posibilidades de acceso de la población de Lima Norte a una “canasta mínima de alimentos”, entendida como el conjunto de alimentos que cubre recomendaciones nutricionales, al menor costo posible, con los alimentos disponibles en el mercado. Alternativa realizó durante varios años el seguimiento del costo de dicha canasta en mercados de Lima Norte.
En el contexto de inflación y pobreza de los años 1990 a 1995, Alternativa asumió la estrategia de “la mejor compra” que rescató y adaptó de textos británicos el lnstituto de Investigación Nutricional, y la recrea en un instrumento pedagógico que permitiera a líderes sociales identificar por sí mismas los alimentos que aportan una mayor cantidad de energía y proteínas por unidad monetaria invertida.[1]
A la vez, el equipo técnico de Alternativa elaboró una metodología participativa para que las organizaciones sociales de base, en particular la Federación de Comedores de Lima Metropolitana (FEMOCCPAALM), contaran con un instrumento que apoye técnicamente sus propuestas de cara a los programas de complementación alimentaria. En ese sentido, la canasta sirvió de base para la formulación de la propuesta de Ley N° 25307. Pero no sólo tuvo una intencionalidad instrumental sino que su propia construcción por parte de las organizaciones sociales implicó la ampliación de la visión de las involucradas sobre la soberanía y seguridad alimentaria en el país.
Simultáneamente el trabajo institucional avanzó hacia un enfoque sistémico de la ciudad y del territorio de las cuencas, considerando la interacción urbano-rural en el marco del espacio regional y su importancia para el desarrollo sostenible. La experiencia institucional en la gestión integral de cuencas, el ordenamiento territorial, la recuperación de sistemas hídricos, nos llevó a entender que los retos no sólo están vinculados a la necesidad de enfrentar problemas estructurales de desnutrición y la necesidad de dinamizar la economía local para superar la pobreza; sino que el cambio climático se ha constituido en un nuevo factor del contexto que exige políticas de seguridad alimentaria que tomen en cuenta la adaptación y mitigación al cambio climático.
En efecto, si un tema va a marcar la presente década (2010-2020) es el cambio climático, y frente a este desafío, la seguridad alimentaria surge como una estrategia para afrontar los escenarios inciertos por la agudización de la variabilidad climática, producto del proceso del cambio climático.
El Perú está siendo afectado ya por el cambio climático, siendo sus manifestaciones más evidentes el retroceso de glaciares, cambios en los patrones de lluvias, eventos meteorológicos extremos como heladas y granizadas. Los mayores impactos se dan en la agricultura, observándose pérdida de cosechas por heladas y sequías, además la productividad de los cultivos se ha reducido significativamente, esto trae consecuencias graves a la población pobre y vulnerable.
La preocupación mundial por el cambio climático ha dado origen a diferentes iniciativas internacionales, que lamentablemente no han logrado el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto Invernadero, por el contrario, los datos reales indican que éstos vienen superando los peores escenarios de emisión que se había planteado. El gobierno peruano ha establecido lineamientos para hacer frente al cambio climático, pero las constantes variaciones de administración han retrasado severamente el avance de implementación de políticas y estrategias. Consideramos que la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) debe asumir como base de sus lineamientos los derechos humanos, civiles, económicos, sociales y culturales de la población, así como todos los acuerdos internacionales relacionados con la biodiversidad y el desarrollo sostenible.
La ENCC debe ser parte de un proceso de desarrollo y no un esfuerzo aislado que busque solucionar un problema especifico, el cambio climático amenaza todos los esfuerzos para la reducción de la pobreza y los avances del desarrollo sostenible.
Es necesario reforzar los sistemas de observación climática regional, identificar una agenda de investigación regional para producir información de lo que sucede en cada región, evaluar las vulnerabilidades y generar los posibles escenarios de cambio climático, implementar un plan de adaptación de cambio climático en el que se considere un enfoque ecosistémico, en donde se considere a todos los actores involucrados, se revalorice los conocimientos tradicionales de las comunidades y se prioricen las zonas más vulnerables.
También debe priorizarse la conservación de ecosistemas específicos como los de montaña o las cabeceras de cuenca estratégicas, y todo aquel que permita la generación y/o almacenamiento de agua, en especial en zonas áridas, antes que privilegiar su explotación para otras actividades económicas. El Estado debe garantizar un proceso transparente y de acceso a la información, así como de participación y respeto a los derechos de las comunidades indígenas.
Es necesario incorporar nuevos lineamientos en una nueva matriz energética en donde se priorice el uso eficiente de la energía, conocer las tendencias del ciclo hidrológico a mediano y largo plazo para la implementación de una política para el fomento de energías renovables alternativas a las hidroeléctricas.
Este contexto de la problemática del Cambio Climático y en el marco de un proceso de descentralización política en el país, exige que los gobiernos regionales y locales, en su rol de ejecutores y articuladores de políticas publicas orientadas al desarrollo local integral, identifiquen e implementen medidas y estrategias de adaptación y mitigación para enfrentar los desafíos que impone esta crisis climática.
2. Seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y desarrollo local sostenible
Entendiendo a la Seguridad Alimentaria como la capacidad de un país de asegurar alimentos básicos e imprescindibles en cantidad y calidad a toda su población y en todo momento, de modo que satisfaga las necesidades nutricionales de sus habitantes para el desarrollo de una vida activa y saludable; su logro dependerá de las políticas que aplique el Estado.
La soberanía alimentaria, requisito previo a la seguridad alimentaria, comprende el derecho a la autodeterminación de los pueblos para ejercer sus derechos a la alimentación desde sus propios medios ecológicos, socio económicos y culturales. En otras palabras, la potestad soberana de un país de poder desarrollar en su propio territorio una parte básica de los alimentos que precisa, e importar, en un momento dado, los que requiera.
La soberanía alimentaria es la base del desarrollo endógeno, que garantiza el bienestar de los pueblos, y para ello se hace necesario complementar diferentes alternativas, entre ellas de uso y manejo de los recursos productivos y/o locales, donde se vincule la variable ambiental; el fomento de una agricultura ecológica; disminuir el costo de producción reduciendo al mínimo la utilización de insumos externos; evitar el uso de plaguicidas y fertilizantes químicos; conservar la biodiversidad, conocer los ciclos biológicos de las especies y proteger la producción local. También existen otras alternativas como el de diversificar la producción, utilizar los recursos locales disponibles, asociar cultivos, establecer el policultivo, implementar los sistemas agrosilvopastoril que son los principios fundamentales de una agricultura sustentable y que sirven como claves para acceder a la soberanía alimentaria. Aquellas técnicas que fueron utilizadas en la agricultura tradicional se consideran sostenibles en el tiempo y es por eso que reactivarlas resulta estratégico, ya que cumplen con una serie de condiciones como son: el respeto al ambiente, impulsor de las organizaciones sociales, demuestra un enfoque holístico e integral, es decir, estas contribuyen con la soberanía alimentaria.
Lograr el desarrollo económico local es una apuesta sostenible, que pasa por crear circuitos locales de producción y consumo, donde las familias de agricultores vendan sus productos y compren lo indispensable en su localidad. De esta manera el dinero circula dentro de la economía local, generando empleo en los pueblos permitiendo a los agricultores ganarse la vida, pero si lo que producen es exportado con precio del mercado internacional (precios bajos), y si la mayor parte de lo que compran es importado (a precios altos), todas las ganancias son extraídas de la economía local y sólo contribuyen al desarrollo de economías lejanas.
La soberanía alimentaria incluye un comercio internacional justo. Es decir, la soberanía alimentaria no está en contra de los intercambios, sino de la prioridad dada a las exportaciones: permite garantizar a los pueblos la seguridad alimentaria, a la vez que intercambian con otras regiones producciones específicas que constituyen la diversidad de nuestro planeta. Hace falta, por lo tanto, dotar estos intercambios de un nuevo marco que:
- Priorice la producción local y/o regional frente a la importación.
- Permita a los países protegerse contra las importaciones a precios demasiado bajos.
- Permita unas ayudas públicas a los campesinos, siempre que no sirvan directa o indirectamente a exportar a precios bajos.
- Garantice la estabilidad de los precios agrícolas a escala internacional mediante unos acuerdos internacionales de control de la producción.
[1] Sobre ésta y otras experiencias de Alternativa puede consultarse en el portal institucional www.alter.org.pe y el blog institucional “Seguridad alimentaria”.
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